En julio y agosto de 1808 llegaron a América las primeras noticias de la Farsa de Bayona. Los canales de información fueron muy diversos: cartas privadas, la propia Gazeta, prensa extranjera…
Napoleón no perdió el tiempo y mandó sus propios emisarios para que las autoridades coloniales asumieran el traspaso de poder a la dinastía bonapartista. Pero a la vez, la oposición al Estado napoleónico se plasmó en la creación de juntas en toda la Península. Algunas, como la de Sevilla, también enviaron sus propios emisarios a América. Por eso, a las ya de por sí inquietantes informaciones de cambios en la titularidad de la Corona española, se unieron la confusión y la estupefacción provocadas por el desembarco de los enviados de Napoleón. Además, en muchos casos, éstos llegaron al mismo tiempo que los comisionados por la Junta de Sevilla. La parálisis en la toma de decisiones se apoderó de las autoridades españolas en América. ¿A quién se debía obedecer?
El 16 de junio llegaron a Caracas, en el bergantín Le Serpent, dos emisarios franceses con cartas del Consejo de Indias, en las que se ordenaba publicar las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII a la Corona de España y el nombramiento del duque de Berg como teniente-general del reino.
EL 2 DE MAYO LLEGA A LA GUAIRA. El mismo día, la corbeta de guerra Acosta llegaba al puerto de La Guaira con los informes ingleses acerca de lo ocurrido en Bayona, junto a las noticias de la reacción del pueblo madrileño el 2 de mayo y también el nuevo armisticio entre Gran Bretaña y la monarquía española, ofreciendo auxilios pasando en la Península alimentaba todo tipo de rumores acerca de quién gobernaba, pero una cosa parecía clara: la monarquía española ya no estaba en guerra contra Gran Bretaña, sino contra Napoleón. Debía producirse un cambio de alianzas para enfrentarse al francés, otrora aliado.
La reacción fue variada, dependiendo de las autoridades y de la situación en cada lugar; sin embargo, hubo una primera respuesta unánime: jurar fidelidad a Fernando VII, legítimo monarca. Las ceremonias de jura al uso se realizaron en las capitales y ciudades principales americanas: el 12 de agosto de 1808, en Montevideo; el 13, en México; y el 31, en la ciudad de Puebla de los Ángeles; el 11 de septiembre, en Santa Fe; el 6 de octubre, en Quito; el 13, en Lima y el 16, en Aguascalientes; el 12 de diciembre, en Asunción de Guatemala; diez días después, en Tegucigalpa, y en algunos casos, como en la Baja California, se produjo la jura en febrero de 1809.
A partir de ahí, la formación o no de juntas en América estuvo condicionada por la capacidad de las autoridades y vecinos “principales”, así como por el momento en el que se iban conociendo las distintas noticias.
Los dos años que transcurren entre 1808 y 1810, el llamado Bienio Trascendental, deben ser analizados en cada territorio y puestos en relación con lo que estaba ocurriendo en el resto de América, Europa y la Península. Si no, difícilmente se puede tener una idea aproximada de lo que supuso el desmoronamiento de la monarquía hispana.
Además, hay que distinguir entre las juntas que se erigieron antes de 1810 y las que lo hicieron después, pues sus objetivos e ideales fueron bien distintos, en función de la coyuntura política y bélica de la monarquía.
MONTEVIDEO, PIONERA. La primera junta reunida en nombre de Fernando VII fue la de Montevideo, el 21 de septiembre de 1808. Presidida por el gobernador francisco Javier Elío, estaba integrada por altos funcionarios y oficiales del ejército y la marina, grandes comerciantes y hacendados, oficiales de los regimientos de voluntarios, curas, alcaldes, síndicos y letrados. Su postura fue legitimarse recurriendo a la tradición hispánica, al Derecho natural a la conservación y a la igualdad entre peninsulares y americanos.
El 25 de mayo de 1809, la Audiencia de La Plata en territorio altoperuano, destituía a su presidente y se erigía en Junta Gobernativa. Comenzó entonces una labor propagandística, defensiva y de medidas económicas. Envió emisarios a otras ciudades, organizó milicias y levantó defensas en la ciudad, mientras asumía el control de las Cajas Reales. Poco después, el 16 de julio de 1809, se produjo un alzamiento en La Paz, que terminó con la reunión de un cabildo abierto y la formación de la Junta Tuitiva, que reunió milicias, nombró autoridades, recogió armas y pólvora y quemó los registros donde figuraban las deudas del fisco. Sin embargo, no consiguió apoyos en el resto del territorio.
Por el contrario, el virrey del Perú, José Fernando Abascal, envió un ejército a sofocar el levantamiento. Poco después, la junta sería disuelta y sus miembros, ajusticiados.
También en el reino de Quito se formó una junta el 9 de agosto de 1809. Se componía de treinta y seis vocales, todos americanos, quienes, en nombre de Fernando VII, pretendían gobernar el territorio. Durante los casi tres meses que estuvo funcionando, la Junta de Quito realizó reformas económicas, redujo impuestos a la propiedad, abolió las deudas y suprimió los monopolios del tabaco y el aguardiente. Su actuación no encontró el apoyo necesario en otras ciudades –como Popayán, Guayaquil y Cuenca-, lo que favoreció el regreso del presidente de la Audiencia, Ruiz de Castilla, y el restablecimiento de los antiguos privilegios.
En el resto de territorios hubo intentos de formar juntas gubernativas del mismo estilo de las de la Península. El virrey de Nueva España, José de Iturrigaray, lo intentó entre agosto y septiembre de 1808, con la oposición de la Audiencia y del Cabildo, que insistía en la formación de una junta que asumiera competencias autónomas para decidir sobre el futuro del virreinato mientras el Rey permaneciera “cautivo”. Es decir, un “doble poder”.
En la Capitanía General de Guatemala no se organizaron juntas antes de 1810, pero sí se reunieron las autoridades para decidir sobre el futuro del territorio en una junta general en agosto de 1808.
En Venezuela se reunieron las autoridades caraqueñas en un cabildo el 17 de julio de 1808, en el que las posiciones encontradas acerca de la legitimidad de esa reunión favorecieron la obediencia a las autoridades francesas en la Península. Sin embargo, el capitán general, Juan de Casas, promovió la formación de una junta de carácter gubernativo, solicitando el apoyo del Ayuntamiento. A pesar de todo, la oposición de la Audiencia y la llegada del comisionado de la Junta de Sevilla reclamando la soberanía para sí, provocó una gran tensión. En esa situación de bloqueo, algunos vecinos de las familias dirigentes caraqueñas decidieron reunirse para retomar el proyecto de la junta. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue ordenar la prisión de los principales participantes.
CERROJAZO DE AMAR. En el nuevo reino de Nueva Granada se tuvo conocimiento de la junta formada en Quito en agosto de 1809. De inmediato, ésta fue desconocida por las autoridades de Cuenca, Popayán y Pasto. La noticia llegó el 1 de septiembre al virrey Antonio José Amar y Borbón, quien reunió a las principales autoridades. Los miembros del cabildo de Santa Fe propusieron la formación de una junta gubernativa para entenderse con la de Quito, pero el virrey no accedió.
En Buenos Aires, el virrey Santiago Liniers, por su origen francés, fue el objetivo del tumulto popular del 1 de enero de 1809, en el que una delegación del cabildo exigió su renuncia y la formación de una junta gubernativa por considerarlo afrancesado. Las milicias levantadas en años anteriores para la defensa de la ciudad frente a las invasiones inglesas le apoyaron e impidieron la formación de la junta.
En la Capitanía General de Chile, el reconocimiento a las autoridades instituidas en la Península fue inmediato y no se plantó la posibilidad de junta alguna. Un caso parecido fue el del Perú. El virrey Abascal abortó cualquier intento de promover una reunión juntista en Lima en septiembre de 1809, deteniendo a notables criollos acusados de conspirar. Antes ya había enviado sus tropas contra las jutas de Quito, Chuquisaca y La Paz y rechazado la posibilidad de que Carlota Joaquina asumiera la soberanía del territorio.
También hubo intentos de formación de juntas en Cuba, donde Francisco Arango y Parreño pretendía, en julio de 1808, constituir la Junta de La Habana. A pesar de tener el apoyo del capitán general, la idea fracasó por la resistencia de los militares criollos. La mayoría de estos movimientos se formó en el contexto de crisis de la monarquía. En muchos casos, el temor al triunfo napoleónico suscitó los deseos de separación de las autoridades peninsulares para salvaguardar los derechos legítimos de los Borbones.
PACTO TRASLATTI. La incertidumbre provocada por la disparidad de noticias hizo que triunfaran las tesis pactistas, en la que el rey gobernaba mediante un pacto; en caso de que la soberanía real se viera usurpada, ésta regresaría al pueblo mientras se restituyera la situación. Fue el denominado Pacto Traslatii. Ésa fue la justificación teórica que sirvió de base, en toda América, para la creación de las juntas.
Por eso no es contradictorio que estas juntas se intitularan defensoras de los derechos legítimos de Fernando VII y al tiempo actuaran con autonomía política. O, por el contrario, mantuvieran posturas equilibristas, como el caso de Montevideo. Pero, además, la crisis ayudó a que las reivindicaciones del criollismo frente a los privilegios de los peninsulares afloraran.
La igualdad de representación y la soberanía fueron las demandas más reclamadas, alentadas también por la convocatoria que Napoleón había extendido a los representantes americanos en la Junta de Bayona. Fue una de las razones por las que las juntas americanas apoyaron la formación de la Junta Central en la Península, pues, aunque no había una paridad con las juntas peninsulares, por primera vez un órgano gubernativo de la monarquía les concedía representación.
Y eso era un cambio sustancial, cualitativo. Nunca los colonos de las Trece Colonias norteamericanas llegaron en sus reivindicaciones a tanto. Y por el mismo motivo, meses después, la mayoría de los territorios desconocerán la autoridad de la Regencia, instalada sin la participación de los representantes americanos y tras conocer el rumbo de la guerra, que apuntaba a una victoria francesa.
DE BAILÉN A OCAÑA. Por eso, la situación fue cambiante por meses. En ello se concitaron factores contra el Gobierno de Manuel Godoy durante su segundo mandato –desamortizaciones eclesiásticas, ataques a los privilegios de la nobleza, etc.-. A causa de ello, el desenlace de la crisis de 1808 mediante juntas y, especialmente, el triunfo armado, colosal, inesperado, de Bailén –que se tradujo en la consigna victoriosa y triunfalista de que se podía ganar la guerra-, actuó como refuerzo de la monarquía. El año de 1809, lejos de una crisis de cuestionamiento de la monarquía, supuso el refuerzo de ésta en los territorios americanos. Fortalecimiento que, como en el caso de Quito, las elites ilustradas aprovecharon para plantear antiguas reivindicaciones que se venían produciendo en la mayor parte de cabildos importantes desde la segunda mitad del siglo XVIII.
Otra fue la situación cuando en primavera de 1810 llegaron las noticias de la derrota de Ocaña. La respuesta fue diferente, dado que era distinto que gobernara Fernando a que lo hiciera Napoleón. Distinto para una pluralidad de actores y para las diversas clases y capas sociales de las cuales eran sus representantes, bien intelectuales, bien ejecutivos, bien militares.
Manuel Chust