Para España y para América, el año 1810 marca el inicio de un cambio en la crisis abierta en la monarquía hispana tras la invasión francesa. El traspaso de autoridad de la Junta Central a un Consejo de Regencia, a finales de enero de ese año, supuso el punto de inflexión en las relaciones entre los territorios americanos y el gobierno en la Península. Además, la guerra contra los franceses estaba prácticamente perdida y la resistencia tenaz de la ciudad de Cádiz se antojaba efímera. El intento de la Regencia de ser reconocida en América como autoridad suprema de la monarquía provocó el estallido revolucionario en casi todos los territorios.
En esas circunstancias, los americanos se plantearon el dilema de reconocer a la Regencia, con el consiguiente peligro de que sus territorios se convirtieran en colonias de Napoleón, o bien concederse autonomía e independencia frente a los franceses. En la mayoría de los casos, los europeos y las autoridades monárquicas acataron la autoridad de la Regencia, mientras los americanos se decantaron por el autogobierno, pero manteniéndose fieles a Fernando VII.
La fórmula seguida para esto último fue el establecimiento de “cabildos abiertos”, elegidos popularmente y con una amplia capacidad representativa, cuya finalidad sería convocar Juntas de Gobierno para dirigir la situación.
La llegada de estas noticias a Caracas propició el conflicto que se viviría en casi toda la América hispana: ¿cómo era posible que la Junta Central, que había sido reconocida como legítima autoridad y de la que formaban parte los americanos, hubiese sido disuelta y sustituida por una Regencia sin haber mediado participación alguna de los súbditos de esta parte del reino? Más si cabe cuando, en la capital venezolana, se había elegido al representante a la Junta Central a finales de febrero de 1810. El resultado fue la formación de Juntas Supremas depositarias de la Soberanía y Defensoras de los Derechos de Fernando VII en casi todos los territorios americanos.
CARACAS, PIONERA. La primera en pronunciarse en este sentido fue la Junta de Gobierno de Caracas, que se formó el 19 de abril de 1810. Ésta remitió una comunicación a la Regencia, rechazando su legitimidad y criticando el sistema de convocatoria electoral. Sin embargo, otras provincias como Coro, Maracaibo y Guayana permanecieron fieles a la Regencia y reconocieron su legitimidad, acatando la convocatoria de Cortes y jurando después la Constitución. Este conflicto entre las regiones y las capitales de las Administraciones coloniales se reprodujo en todos los territorios americanos. La lucha entre los intereses del criollismo regional y la centralidad de las elites capitalinas provocaría graves enfrentamientos políticos, e, incluso, armados, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX.
La Junta de Caracas inició su actividad decretando la libertad de comercio, rebajando aranceles aduaneros y fijando precios de exportación. En marzo de 1811 se reunió el Congreso General de Venezuela, que proclamó la independencia el 5 de julio de ese mismo año. La I República de Venezuela duró un año, hasta julio de 1812, y sucumbió no sólo por la lucha armada contra los realistas, sino también por la crisis económica generada por la inflación y la ausencia de un mercado hispano aislado por los territorios realistas como Nueva España y Perú.
Así las cosas, la guerra y la represión dominaron el escenario político en los siguientes meses, abocando a fracciones criollas en brazos de los distintos bandos. La reorganización de las fuerzas independencias de Simón Bolívar y una serie de victorias militares en el verano de 1813 le abrieron las puertas de Caracas el 6 de agosto. Con la llegada de las tropas realistas al mano de Pablo Morillo, en 1815, dio inicio la “guerra a muerte” y la radicalización del conflicto bélico.
ENFRETAMIENTO EN RÍO DE LA PLATA. Una situación similar se produjo en el virreinato del Río de la Plata cuando, el 14 de mayo de 1810, llegaron a Buenos Aires las noticias peninsulares. El día 22 se convocó un cabildo abierto, que invocó el concepto de reasunción del poder por parte de los pueblos en ausencia del Monarca, concepto que remitía a la doctrina del pacto de sujeción de la tradición hispánica. La resistencia de las autoridades virreinales a aceptar esta interpretación provocó un enfrentamiento, que finalmente forzó el cese del virrey Cisneros.
El día 25 de mayo se formó una Junta de Gobierno integrada en su mayoría por criollos. Esta junta actuó de forma independiente, aunque no rompió de momento sus lazos con Fernando VII. A partir de entonces, la Junta emprendió una política económica pensada en función de los intereses porteños y que repercutió negativamente en el interior del país. Por estos motivos, la franja septentrional –Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca- e, incluso, la central de Córdoba y San Luis veían con recelo la política liberal de Buenos Aires, orientada al libre comercio.
Con el llamamiento de Buenos Aires a las provincias para que enviaran representantes de sus regiones se formó la Junta Grande, donde, se enfrentaron diversas posturas del liberalismo. Estas disensiones internas pusieron de manifiesto el conflicto en el seno de las provincias y pueblos a partir de la afirmación de una única soberanía y de la construcción de un Estado unitario, en contraposición a la posibilidad de la existencia de tantas soberanías como pueblos había en el territorio del antiguo virreinato.
Es decir, una parte de los líderes criollos defendió que, una vez constituido el Congreso como cuerpo restituido el Congreso como cuerpo representativo, la soberanía dejaba de pertenecer a los pueblos y pasaba a ser de la nación. Exactamente igual que sucedería en las discusiones sobre la representación, que se mantendrían por las mismas fechas, en el seno de las Cortes de Cádiz.
A pesar de estas disensiones, se convocó la Asamblea General Constituyente, que se reunió el 31 de enero de 1813. Esta Asamblea representó el triunfo de los ideales liberales anticoloniales, pues decretó la libertad de prensa, de “vientres”, la extinción del tributo, de la mita, del servicio personal, la supresión de los títulos y signos de nobleza y la eliminación de los mayorazgos. Sin embargo, no declaró la independencia ni aprobó ninguno de los proyectos de Constitución presentados por sus diputados. Por otro lado, cuando el 25 de mayo de 1810 se formó en Buenos Aires la Junta Provisional, un cabildo abierto reunido en Montevideo, el 2 de junio, resolvió no reconocer su autoridad y jurar fidelidad al Consejo de Regencia. Desde entonces, Montevideo envió un diputado a las Cortes de Cádiz, juró la Constitución de 1812 y actuó como bastión de la monarquía española.
Como en otras ocasiones, la idea de la soberanía de los pueblos como fuente de legitimidad implicaba la autonomía frente a otros centros de poder en la resolución de los conflictos locales, al margen del mantenimiento de los lazos de unión o el reconocimiento de una autoridad central.
En esta situación llegaba Xavier Elío el 12 de enero de 1811 a Montevideo, nombrado virrey del Río de la Plata. Inmediatamente exigió a la Junta de Buenos Aires el reconocimiento de su autoridad. Ante la negativa de los bonaerenses, Elío declaró la guerra a la Junta el 12 de febrero. Al frente de las fuerzas porteñas se situó José Gervasio Artigas, quien ayudó a los bonaerenses en el asedio y sitio de Montevideo, enfrentándose a los españoles en la Batalla de Las Piedras, donde obtuvo la victoria.
ECOS EN SANTIAGO DE CHILE. En la Capitanía General de Chile, los sucesos bonaerenses promovieron la convocatoria de un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. El resultado fue la creación de la primera Junta de Gobierno que invocó el principio de la retroversión de la soberanía. La Junta abrió los puertos al comercio internacional y convocó un Congreso de representantes de los distintos pueblos del reino, dando inicio al período conocido como Patria Vieja chilena.
El Congreso se reunió el 4 de julio de 1811 en Santiago, aunque un grupo radical que tenía deseos independentistas formó una Junta separada en la provincia de Concepción que apenas duró un año. Se introdujo la imprenta y se difundió el Credo republicano, además de decretar la “libertad de vientres”.
Durante este período no se declaró la independencia en Chile. A pesar de ello, el virrey del Perú envió tropas para reducir a los chilenos, lo que consiguió con la victoria realista de Rancagua del 2 de octubre de 1814, que significó el fin de la Patria Vieja. A finales de 1814, Chile volvía a estar en manos realistas.
Al mismo tiempo que estallaban las revueltas del mayo bonaerense, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá se convocaba un cabildo abierto para solicitar la reunión de una Junta Superior de Gobierno Provincial que reconoció la soberanía de la Regencia. Los mismos acontecimientos sucedieron en Cali, donde el 3 de julio de 1810 se reunió una junta extraordinaria.
En esa reunión, los asistentes se comprometieron a conservar los dominios en nombre de Fernando VII y a obedecer al Consejo de Regencia. La situación se repitió en Pamplona, donde en 4 julio de 1810 se reunió un cabildo abierto que decretó la erección de una Junta provincial, que asumiría la autoridad en nombre del Monarca. Igualmente, en la villa de Socorro, los vecinos conformaron una Junta de Gobierno los días 9 y 10 de julio que, en este caso, no reconoció la autoridad de la Regencia.
Conocidos estos sucesos provinciales en la capital santafesina, el 20 de julio se produjo un motín que terminó con un cabildo extraordinario, en el que se erigió la Junta Suprema. Ésta fue encargada de redactar una Constitución contando con las provincias y estableciendo un gobierno representativo y federal. A lo largo de ese verano de 1810, otras juntas se reunieron en Mompox (6 de agosto) y Santa Marta (10 de agosto).
La Junta Suprema de Santa Fe decidió reasumir la potestad soberana y renunciar a su subordinación a la Regencia española. A pesar de todo, el desconocimiento del Consejo de Regencia por parte de las juntas provinciales no llevaba consigo necesariamente una ruptura con el titular de la monarquía. Es decir, la “independencia” se limitaba a la reasunción de los derechos de los pueblos de sus respectivas provincias, pero se seguían conservando los derechos de Fernando VII al trono, si éste lograba regresar. La separación total de las juntas de cualquier lazo de unión con la monarquía se produciría un año después, el 11 de noviembre de 1811, cuando la Junta de Cartagena de Indias declaró su independencia.
En diciembre de 1810, la Junta de Santa Fe convocó un Congreso para formar una representación nacional, al que concurrieron las provincias de Cundinamarca, Bocayá, Santander y algunas zonas del Magdalena, notándose la ausencia de las provincias realistas de Popayán, Pasto y Santa Marta.
Las discusiones internas en cuanto al establecimiento de la forma de gobierno dividieron al Congreso. Mientras Cundinamarca deseaba un Estado centralizado, las restantes provincias abogaban por la solución federal y, para conseguirlo, se retiraron a Tunja, donde crearon las Provincias Unidas de la Confederación de Nueva Granada. Por su parte, Cundinamarca se declaró Estado independiente en julio de 1813, con lo que las fuerzas criollas que ocupaban la mitad del territorio tenían tres gobiernos diferentes: uno en Cartagena (independiente), otro en Tunja (confederado) y otro en Santa Fe (centralista).
Parecía que cohesionar a las fuerzas independentistas iba a ser más difícil que expulsar a los realistas, ya que mientras los primeros luchaban entre ellos, los segundos fueron dominando la costa atlántica desde Santa Marta.
LA OPCIÓN REALISTA: EL PERÚ. Sin embargo, la formación de una junta de gobierno no fue la opción en todos los territorios. El virreinato del Perú, gobernado por José de Abascal, fue la resistencia realista más clara en todo el continente. Su influencia se extendió durante largo tiempo por el virreinato, la Audiencia de Quito, donde envió tropas para reprimir los movimientos junteros.
En el territorio de la Audiencia de Charcas, las regiones se resistieron a luchar al lado de los realistas y se produjeron levantamiento en Cochabamba, Santa Cruz y Oruro. En noviembre de 1810, el Ejército Auxiliar del Río de la Plata entró en Potosí y tomó el control de todo el sur del Alto Perú. Los enfrentamientos entre las tropas realistas peruanas y las rioplatenses se saldaron con la derrota de estas últimas el 20 de junio de 1811 en Huaqui.
El comisionado de la Regencia, Carlos Montúfar, llegó a Quito el 12 de septiembre de 1810 y acordó crear una Junta Superior de Gobierno dependiente únicamente de la Regencia. De este modo, Quito declaraba su autonomía respecto de Santa Fe y de Lima. La Junta de Quito defendió los derechos de Fernando VII y eligió un diputado para las Cortes de Cádiz, el 20 de octubre de 1810. El resto de provincias del territorio rechazó su autoridad.
Guayaquil había sido integrado al virreinato del Perú. A pesar de todo, ambas ciudades participaron en el proceso de elección de diputados a Cortes. La caída de Quito sobrevino por el cerco realista y las disensiones internas.
Los españoles atacaron desde Pasto, Cuenca y Guayaquil, aislando a los quiteños, mientras las tropas de Abascal entraron en la capital el 8 de noviembre de 1812. Para diciembre, los realistas dominaban ya el Reino de Quito.
Los levantamientos en el virreinato de Nueva España tuvieron un componente social que arrastró a indios, mestizos y mulatos a una rebelión que estalló en Dolores el 16 de septiembre de 1810. Pero la insurgencia y la guerra en Nueva España favorecieron el aislamiento de algunas regiones, que en los años subsiguientes alcanzaron a establecer juntas y gobiernos alternativos. La Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, de agosto de 1811, fue un intento de coordinar un centro político para la insurgencia. Por otro lado, el Supremo Congreso Nacional Americano, de José María Morelos (septiembre de 1813), devino en un órgano de gobierno alternativo al peninsular. Morelos estableció la independencia y libertad de América frente a España, la religión católica, la soberanía popular y procesos electorales similares a los de la Constitución de Cádiz.
CÁDIZ ABRE UNA ALTERNATIVA. El proceso juntista novohispano se caracterizó por la cuestión de la asunción de la soberanía ante la ausencia del Monarca y los derechos de éste al trono de la monarquía. En la mayoría de los casos, la formación de las juntas supuso el mantenimiento de la legitimidad del Monarca, pero facilitó la emergencia de las regiones, dispuestas a constituirse como poderes autónomos frente a los centros capitalinos.
La apertura de las Cortes de Cádiz y los planteamientos de los diputados americanos en ellas, supusieron una vía alternativa a la insurgencia, la de la autonomía, que discurrió paralela en muchas regiones. El regreso de Fernando VII en clave absolutista, en 1814, derrumbó las esperanzas de los autonomistas y empujó a los distintos grupos hacia la proclamación definitiva de la independencia.
Ivana Frasquet