El liberalismo se estableció en Latinoamérica con la independencia. Fue además, en buena medida, la ideología legitimadora de los emergentes estados nacionales que comenzaron a configurarse desde 1810. A partir de entonces, y durante casi todo el siglo XIX, logró en muchos países ocupar un lugar predominante en el debate intelectual. “Si hubo una ideología hegemónica durante el primer siglo” tras la emancipación –ha señalado David Bushnell- “aquella fue, por supuesto, el liberalismo”. Si ello fue así, o fue una experiencia abrumadora de fracasos –marcada por la aparente sucesión interminable y exclusiva de dictadores y caudillos-, la Historia sigue en deuda con su estudio.
El diálogo intelectual con el liberalismo latinoamericano del siglo XIX ha sufrido altibajos. En el pasado, según observara el mismo Bushnell, sus exponentes parecían haberse ganado “un sitio de honor en la historia”, como portadores del “progreso, comprometidos con la expansión de la esfera de la libertad humana, en oposición a los intereses corporativos de la Iglesia, el ejército y los grandes terratenientes”. No es claro, sin embargo, que hubiesen ocupado ese lugar privilegiado por mucho tiempo durante el siglo XX, un siglo más bien identificado con el ocaso liberal a partir de la década de 1920. Cesarismo democrático –la obra de Laureano Vallenilla Lanz, publicada en 1919- anticipó una de las interpretaciones más tarde generalizadas en el mundo académico sobre las incompatibilidades del liberalismo con las sociedades latinoamericanas. Vallenilla Lanz tuvo contradictores, en su época y en años posteriores. Y el liberalismo no dejó de contar con abiertos defensores intelectuales –como Germán Arciniegas-, o estudiosos de sus ideas –como Ricardo Donoso, José Luis Romero o Jaime Jaramillo Uribe-.
No obstante, bajo la atmósfera política que cubrió las décadas posteriores a 1960 se acentuó el desprecio por el legado liberal decimonónico, sometido también a serios demoledores ataques. Quizá con el propósito de entender las raíces de los regímenes militares que –con algunas excepciones- se extendieron entonces en el continente, algunos autores alcanzaron a negar la existencia de una tradición liberal significativa. Sólo pesaba un exclusivo pasado autoritario. Para Claudio Véliz, por ejemplo, las dictaduras que proliferaron en la década de los 70 no fueron aberraciones sino “manifestaciones de un estilo de comportamiento político, una disposición secular de la sociedad latinoamericana”. Lo ocurrido era fruto del “carácter centralista”, “peculiar” de la región y distinto, por consiguiente, de las tradiciones del noroccidente europeo. Véliz señalaba cuatro “ausencias” que explicaban dicha tradición centralista –las ausencias del feudalismo, del rechazo al conformismo religioso, de la revolución industrial y de los desarrollos asociados con la Revolución francesa-, a las que se sumaba un acendrado pasado burocrático. La “tradición centralista” había sido así la regla, el curso casi normal de la vida política latinoamericana. Véliz apenas reconocía una “pausa liberal” –que identificó en esencia con el librecambismo-, iniciada entre 1850 y 1870 y que se habría extendido al ritmo de la prosperidad exportadora hasta la crisis de 1929. Aquella “pausa liberal” se caracterizó por un “espíritu de imitación”, ávido de copiar “todo lo que viniese de Francia y Gran Bretaña e igualmente vehemente en su rechazo de todo lo relacionado con su propio pasado hispánico”. Otros plantearían ópticas distintas. Pero las tesis de Véliz sirven para señalar algunas de las críticas más extendidas que sobreviven contra el liberalismo decimonónico: su falta de arraigo en sociedades estructuralmente inhóspitas a sus postulados, su naturaleza “exótica” y, ante todo, su impacto limitado, casi nulo, en la cultura política de la región.
“Ha llegado la hora de una reevaluación”, escribió Bushnell en un ensayo publicado en 1996, un valioso esfuerzo revisionista a partir del repaso de la literatura sobre el liberalismo en sus diferentes facetas: como ideología, acción política y doctrina económica. Bushnell consideraba entonces que el auge de la ola antiliberal ya había transcurrido, mientras advertía que era necesario distinguir el “neoliberalismo” del liberalismo decimonónico. Desde 1996, la historiografía del liberalismo ha seguido enriqueciéndose, en los diversos aspectos estudiados en el ensayo de Bushnell. Pero tales avances corren el riesgo de verse frenados por el aparente resurgir de los caudillismos autoritarios, acompañados inevitablemente del discurso antiliberal.
Quisiéramos aquí retomar el hilo revisionista de Bushnell, aunque sin el enfoque historiográfico de su sugerente ensayo. El ejercicio propuesto en las líneas que siguen es de todas formas selectivo. Nos interesa tan sólo destacar ciertos aspectos generales del debate sobre el liberalismo, que merecían mayor atención: las complejidades inherentes a su naturaleza “derivada”, las razones y consecuencias de sus tempranos fracasos, y los significados de su impacto en el siglo XIX. Adicionalmente, quisiéramos insistir en la necesidad de apreciar las distintas rutas nacionales que siguieron los liberalismos latinoamericanos, ilustradas más adelante con breves referencias específicas a las trayectorias liberales de Colombia y Chile, que sirven también para mostrar cómo sus experiencias se alejan de los estereotipos dominantes hasta la actualidad.
De importaciones, fracasos y legados
Nadie duda de las raíces europeas del liberalismo, ni de su influencia en la formación y desarrollo del liberalismo en Latinoamérica. Estudiosos de las ideas como Pierre Manent pueden trazar una historia intelectual del liberalismo, con sus antecedentes, a través de una historia intelectual del liberalismo, con sus antecedentes, a través de algunas de sus más notables figuras: Locke, Montesquieu, Rousseau, Constant, Guizot, Tocqueville –nombres que, unos con más frecuencia que otros, formaban también parte del debate intelectual latinoamericano. Es una lista incompleta, claro. La historia de Manent se confunde con una tradición de pensamiento identificada con el liberalismo “francés”, definido por su interés en luchar contra el poder de la Iglesia y fortalecer la autoridad de un estado secular. José Merquior nos recuerda una dicotomía ya familiar: el liberalismo “francés” se distingue del “inglés”, cuya preocupación fue la limitación del poder estatal. Autores británicos estuvieron también al frente de la historia liberal latinoamericana: Bentham, los Mills, Spencer. Los intelectuales decimonónicos dejaron constancia de sus devociones literarias, como Domingo F. Sarmiento se refirió a la Generación argentina del 37, aquella juventud que se escondía en “libros europeos a estudiar en secreto, con su Sismondi, su Lerminier, su Tocqueville, sus revistas Británica, de Ambos Mundos, Enciclopédica, su Jouffroy, su Cousin, su Guizot”. Hubo preferencias. Según Bartolomé Mitre, entre los de su generación, el “libro de cabecera” había sido La democracia en América de Tocqueville, un texto del que también se sirvieron los difusores del liberalismo en Colombia, como Florentino González.
Un ejercicio limitado a constatar citas de autores y señalar a partir de allí el peso de distintas tradiciones extranjeras serviría muy poco, sin embargo, al entendimiento del liberalismo latinoamericano. La dicotomía franco-británica para apreciar muy distintas concepciones de la libertad tiene cierta validez pero, como observa Stuart Jones, sólo “en la medida en que reconozcamos” que dicha antítesis se encuentra también “al interior de cada tradición nacional”: así como hubo franceses anglófilos como Montesquieu, a Bentham podría entendérsele como “un racionalista de corte francés”. Pero además ni unos ni otros tuvieron presencia exclusiva. Roberto Breña ha examinado detalladamente la influencia del “primer liberalismo español” en América. Los escritos de José María Blanco White en El Español tuvieron una gran difusión en la región, así como otros periódicos peninsulares: El Seminario Patriótico o El Espectador Sevillano. El impacto intelectual del liberalismo a través de la Constitución de Cádiz de 1812 fue extraordinario, incluso en aquellos países donde nunca rigió la carta gaditana. José Joaquín de Mora influiría decisivamente con su ideario liberal tanto en Argentina como en Chile en la década de 1820. Hubo otras influencias indirectas, a través del trabajo de traductores, como el de los Tratados de legislación de Bentham por Ramón Salas, publicados en Madrid en 1822. Estas tempranas influencias quizás se desvanecieron tras las primeras décadas de la independencia, pero el liberalismo español volvió a tener presencia significativa en América con Emilio Castelar, admirado en todo el continente –por Sarmiento en Argentina, Justo Sierra en México o José María Samper en Colombia.
Ya se trate de éstas u otras influencias europeas, es un error –como advierten importantes historiadores de las ideas- despreciar por ellas el liberalismo latinoamericano en vista de su supuesto carácter meramente “imitativo”. Europa despertaba sentimientos ambivalentes. Charles Hale enseñó que, incluso entre europeizantes como Juan B. Alberdi, existía un “espíritu americano”, todavía esperanzado en las posibilidades de progreso del Nuevo Mundo a mediados de siglo, cuya distinción era marcada por el republicanismo. Ese “espíritu” acercaba a los latinoamericanos a los estadounidenses, pero no les negaba su arraigo regional. Como sugirió Frank Safford, el federalismo norteamericano era atractivo porque servía para responder a “realidades políticas” locales. Hombres de ideas, pero también de acción –con experiencia en el Ejecutivo o en el Congreso-, liberales como José V. Lastarria en Chile o Ezequiel Rojas en Colombia, leían a los autores europeos y norteamericanos de clave “nacional”, en búsqueda de soluciones para los problemas de sus propios países. Que buscaban adaptaciones lo ilustra el famoso prólogo de Mariano Moreno al Contrato social de Rousseau: “Como el autor tuvo la desgracia de delirar en materias religiosas, suprimo el capítulo y principales pasajes donde ha tratado de ellas”. De ahí surgió un liberalismo ecléctico y heterodoxo, con credenciales para conferirle ese carácter “distintivo y auténticamente latinoamericano” que observará Charles Hale.
Importa, pues, reconocer simultáneamente dicho carácter “auténtico” y su marco intelectual amplio de referencia que le dio origen e impulso, en Europa y en Estados Unidos. Tal reconocimiento exige superar prejuicios intelectuales. La primera tarea para entender la historia del liberalismo latinoamericano, como lo expresará José Antonio Aguilar, “es restituir a América Latina a la historia intelectual del mundo occidental”. Con ello no sólo se apreciaría la “importancia de la experiencia latinoamericana para el liberalismo”, sino también sus características regionales, frente a sus retos y dilemas. En pos de la quimera (2000) constituye precisamente aquella aventura intelectual que nos propone José Antonio Aguilar. Al fijar su atención en el “momento constitucional de Occidente (1787-1830)”, Aguilar subraya la “magnitud y “alcance” del “experimento constitucional” que se llevó a cabo en el mundo hispánico durante las primeras décadas del siglo XIX. Esa condición “experimental” es particularmente relevante: en ese momento no había “modelo” liberal de establecida comprobación. A los vacíos teóricos habría que añadir interpretaciones encontradas y el desconocimiento de “la efectividad relativa de varios de los componentes institucionales” del liberalismo. Pensadores como Constant, sin embargo, creían en la existencia de “principios aplicables a todos los gobiernos representativos” que incorporó a su Curso de política constitucional (Madrid, 1820), de extendida difusión en Latinoamérica. Aguilar expone los errores de tales creencias. Existían, por ejemplo, diversas formas de leer la teoría de la división de poderes. Hubo notables omisiones y fallas en el “modelo liberal”, como la ausencia de poderes de emergencia en el diseño de a constitución mexicana de 1824, que Aguilar examina con más detalles. Nos invita así, como anteriormente había hecho Hale, a fijar nuestra atención en las instituciones seleccionadas en el “momento constitucional” latinoamericano y en las ideas que las sustentaron. Es una invitación que además sugiere correcciones a las explicaciones que insisten en atribuir los fracasos del liberalismo latinoamericano casi exclusivamente a las estructuras sociales, a la cultura o al subdesarrollo económico de la región. Bajo esta perspectiva, hay que buscar razones también en otros campos: “El diseño institucional” –concluye Aguilar- “no ayudó a instaurar gobiernos constitucionales estables y, en cambio,… sí complicó la tarea”.
Los fracasos del liberalismo en aquel primer momento constitucional tuvieron consecuencias duraderas a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, no fueron fracasos absolutos, ni resultados de experiencias sin legados o vacías de significado. Para revalorizar su significado habría que comenzar por reconsiderar su horizonte temporal. Fueron los mismos contemporáneos quienes, en su lucha contra sus oponentes conservadores, contribuyeron a difundir la idea de que antes de mediados de siglo se vivían aún en la oscuridad de la colonia. Es cierto que el 1848 francés coincidió con momentos de efervescencia liberal en Colombia y Chile y que en la década de 1850 ocurrieron importantes transformaciones, como la caída del régimen rosista en Argentina y la Reforma en México. Pero ninguno de estos movimientos puede entenderse sin la apreciación del liberalismo temprano de la independencia, como bien ha mostrado Armando Martínez Garnica para el caso colombiano. La “pauta liberal a la que se refiere Claudio Véliz tendría así un horizonte temporal muchos más amplio. Además, si dicha “pausa” concluyó en 1929, como sugiere Véliz, ello no habría sido una distinción latinoamericana. El antiliberalismo, que se fue apoderando de buena parte de Europa desde la década de 1910, fue –a pesar de algunas excepciones- la marca universal del siglo XX.
Tendría que reconocerse mejor la existencia de unas tradiciones liberales latinoamericanas, afincadas en el siglo XIX desde la emancipación. Su legado no es de poca monta. Como ha expresado Aguilar para el caso mexicano, el liberalismo fue en dicho período “una ideología de combate y de construcción nacional”. Se redactaron e implementaron constituciones, se diseñaron sistemas electorales, se instalaron congresos y medios de prensa. Dependiendo del país y del momento, se abrió paso la tolerancia religiosa, eventualmente la separación de iglesia y estado, y se establecieron derechos individuales como la libertad de opinión, asociación y movimiento. Salvo en el caso de la Cuba española y de Brasil, todos los países abolieron definitivamente la esclavitud a mediados del siglo, antes que los Estados Unidos. En suma, el legado liberal fue real y medible en términos de institucional y de cultura política. Sin él, no hay explicación para el desarrollo de la democracia en el continente.
Una excursión chileno-colombiana
Los ritmos y sentidos del liberalismo en Latinoamérica variaron de país en país. Aunque todos habían formado parte de un mismo imperio, la experiencia colonial no fue uniforme. Menos lo fueron las experiencias nacionales de los diferentes estados que surgieron y se consolidaron tras la independencia. El mejor entendimiento de los contornos liberales latinoamericanos exige entonces mayores esfuerzos, ilustrados en esta breve excursión chileno-colombiana.
El liberalismo que sirvió de eje a la construcción del Estado republicano tras la independencia encontró un terreno propicio en las Reformas borbónicas de las últimas décadas del siglo XVIII. Aunque generaron las mismas fricciones y resentimientos por parte de los criollos que pueden observarse en otras latitudes del imperio, en Chile afianzaron sin embargo la legitimidad del Estado mediante claras mejoras públicas. Ellas promovieron también –como en Colombia- una cultura jurídica que fue impulsada por el desarrollo de la Universidad de San Felipe y la participación de los abogados a través de la audiencia. Al producirse la crisis napoleónica, existía experiencia tanto para enfrentar sus desafíos jurídicos, como para buscar formas de representación que gobernaran durante la ausencia de Fernando VII. Fue precisamente la discusión en torno a la representación (que incluyera a las provincias pero por sobre todo que representase a la “nación”) la que preparó el terreno para la entrada de proyectos liberales (ideas aisladas de carácter liberal ya circulaban en ambos países, como en el resto de Hispanoamérica). Aquellos primeros momentos del constitucionalismo liberal sufrieron traumas internos y fueron interrumpidos súbitamente con la entrada de las tropas realistas en 1814 y 1815, que se mantuvieron en el poder hasta 1817 en Chile y 1819 en Nueva Granada, experiencias que afianzaron una nueva convicción por parte de los criollos: el rechazo al poder autoritario. Tras la consolidación de sus respectivas independencias, las trayectorias nacionales de ambos países divergieron, aunque siguieron compartiendo ciertos tramos comunes.
En Chile, las necesidades de la guerra en territorio chileno, e inmediatamente a continuación en territorio peruano, obligaron al Director Supremo, Bernardo O´Higgins, a gobernar mediante decretos y políticas que, aunque liberalizantes (abolición de títulos nobiliarios, un cierto grado de libertad religiosa), generaron una oposición que desembocó en una abdicación en 1823. Desde entonces hasta 1830, se implementaron una serie de experimentos federalistas, como la creación de asambleas provinciales con miembros electos en diferentes regiones del país. La expresión más notable del liberalismo del período fue la Constitución de 1828, en la que cupo un papel preponderante a José Joaquín de Mora. Ella aseguraba derechos como la libertad, la seguridad, la propiedad y la facultad de publicar opciones sin censura previa, aunque sujeta a una ley de imprenta. Eliminaba privilegios tales como los mayorazgos, limitaba las atribuciones del presidente y entregaba el gobierno de las ocho provincias de la república a los intendentes, que eran propuestos al ejecutivo por asambleas autónomas.
Ante esta constitución y el nivel de confusión política que generó se produjo, como bien ha señalado la historiografía chilena, una reacción conservadora que implantaría un sistema político que perduraría hasta 1860, y en algunos aspectos hasta la guerra civil de 1891. Pero en lo que frecuentemente se equivoca la historiografía es en atribuirle un carácter enteramente conservador a la Constitución de 1833. Es cierto que eliminó las asambleas provinciales y dio fuertes poderes al ejecutivo, pero también inauguró un régimen constitucional, popular representativo, que establecía la separación de los poderes, la igualdad ante la ley y las garantías individuales. Tal como lo concibieron sus principales políticos e ideólogos, Diego Portales, Mariano Egaña o Andrés Bello, debía evolucionar hacia mayores libertades en la medida en que no pusiera en juego el orden social ni la estabilidad política. Al menos en términos comparativos, el éxito de esta fórmula fue contundente. El sistema político se afianzó y se liberalizó a lo largo del siglo, aunque debe tenerse en cuenta que el país debió enfrentar serias conmociones internas en la década de 1850 y fue gobernado mediante estados de excepción por un tercio del período que abarcó el régimen inaugurado en 1833. Sin embargo, se realizaron elecciones sin interrupción y creciente competencia; se generó un fuerte debate político en la prensa y en el parlamento; se introdujeron una serie de medidas laicas, y se establecieron una serie de derechos individuales y civiles. El liberalismo chileno se caracterizó por tres elementos principales. En primer lugar, generó las ideas y la voluntad política que permitieron un consenso en torno a la forma republicana de gobierno, en donde lo que se dirimió fue la mayor o menor libertad de los individuos y la sociedad para definir los contenidos, fines y formas de la representación. En segundo lugar, mostró que todas las grandes transformaciones políticas tendentes a la liberalización, al menos hasta 1891, fueron logradas mediante reformas ampliamente debatidas a través de canales institucionales antes que por vía de la fuerza. Finalmente, se caracterizó por la búsqueda constante de un equilibrio entre los poderes del ejecutivo y del congreso, como una respuesta a los poderes omnímodos del primero, que logró reducir, aunque con inesperadas consecuencias, con la guerra civil de 1891.
Esta última, sin embargo, demuestra que existe una tradición política chilena que el liberalismo no logró vencer del todo, pero a la que quitó paulatinamente terreno. Ya fuese bajo los gobiernos de O´Higgins, Prieto con Portales, Manuel Montt o Balmaceda en el siglo XIX, o Carlos Ibáñez y Augusto Pinochet en el siglo XX, el ejecutivo ha buscado predominar, y frecuentemente lo ha logrado, imponiéndose sobre el congreso y suspendiéndolo cuando así lo han dictado sus intereses políticos. Pero esto ya es materia de coyunturas históricas que deben ser estudiadas en su contexto, y no de una tendencia autoritaria inherente a la cultura política del país.
El liberalismo colombiano compartió algunas de las características anotadas, pero siguió una ruta distinta –marcada por los vaivenes de la política nacional-, con sus propias especificidades. Su definición inicial se forjó en parte frente a las amenazas del proyecto dictatorial bolivariano, en el proceso de disolución de la Gran Colombia. Adquirió forma alrededor del movimiento liderado por Francisco de Paula Santander, quien presidió los destinos de la Nueva Granada entre 1833 y 1837. Su legado se reflejó en algunos de los principios liberales que tendieron a predominar a lo largo del siglo: el civilismo, la división de poderes, la libertad de prensa, la alternancia presidencial, las elecciones regulares o el protagonismo del Congreso.
La ausencia general de caudillos tanto en Chile como en Colombia sirve para desafiar el estereotipo generalizado del caudillismo latinoamericano del siglo XIX. En ambos países se desarrollaron instituciones que sirvieron de amarre y de límite a las ambiciones individuales del poder. En uno y otro caso hubo liderazgos de corte autoritario. Pero ni Chile ni Colombia sufrieron las dictaduras o el militarismo propagados en otros lugares de la región. En ambos países, el arraigo del gobierno representativo fue de la mano de la formación de partidos políticos, protagonistas centrales de las disputas electorales que incorporaron –desde temprano- sectores populares, sobre todo entre el artesanado. En ambos países, el espíritu de asociación motivó extraordinarias movilizaciones sociales a mediados de siglo, tras el impacto de las revoluciones europeas de 1848. Habría que reflexionar con mayor profundidad sobre aquellos y otros puntos comunes en estas trayectorias constitucionales de raigambre liberal.
La historiografía ha solido advertir más las diferencias. Algunas fueron ciertamente significativas. Considérese, por ejemplo, el gradualismo progresivo de la liberalización chilena, desde el orden portaliano hasta fines de siglo, en contraste con las abruptas reformas liberales de las décadas de 1850 y 1860 en Colombia. El radicalismo de la constitución de Ríonegro de 1863 –que adoptó la libertad absoluta de imprenta y redujo el período presidencial a dos años sin posibilidad de reelección inmediata-, no tuvo paralelos en Chile. Considérese también el federalismo extremo que se siguió en Colombia, en un proceso desatado en 1853 y que se prolongó por más de tres décadas, hasta 1886. Tal experiencia afianzó una tradición colombiana de poder fragmentado, particularmente en el estado central. Y con ella sobrevivieron las legislaturas de provincia, expresiones de poderes locales. La explicación de ambas trayectorias –en apariencia divergentes-, podría encontrase no tanto en la dicotomía entre tradiciones intelectuales opuestas – autoritarismo versus liberalismo- como en los resultados de concepciones diversas y en disputa, dentro del liberalismo. Dicho de otro modo, habría que prestar mayor atención a las diversas nociones sobre la reforma o la libertad, predominantes entre los liberales de uno y otro país a lo largo del XIX. El liberalismo colombiano de mediados de siglo estuvo marcado por el entusiasmo revolucionario, alejado de la moderación que Santander quiso imprimirle en décadas anteriores. Liberales como Manuel Ancízar o José María Samper concebían las guerras civiles y las revoluciones como expresiones de progreso, movimientos purgativos contra los males de la colonia. Ambos defendieron también una escala axiológica donde la libertad –en una concepción positiva-, era el valor fundante de todos los demás valores: seguridad, el orden, la justicia. Un liberal chileno como Lastarria criticaba a los liberales radicales colombianos por su “fascinación desgraciada” con la Francia liberal, que les había “imbuido del error de suponer que la libertad es la clave de todos los problemas y de todas las cuestiones imaginables”.
Lo que nos muestran los casos de Chile y Colombia es que resulta necesario examinar con mayor detenimiento las fuentes liberales que, a pesar de compartir un tronco común, condicionaron diferentes trayectorias. Ello no excluye otras influencias intelectuales. Pero dado su papel de ideología dominante en la región durante el siglo pasado, un cabal entendimiento del liberalismo serviría para entender mejor su diverso impacto institucional y, por consiguiente, la trayectoria política de Latinoamérica. Tal esfuerzo exigiría mayores estudios de las distintas influencias que hubiesen podido tener los distintos pensadores clásicos del liberalismo, así como sus respectivas incorporaciones a los debates intelectuales de cada país. Pero también exigiría identificar una historia más intensa de diálogo, de comunicación intelectual, entre los pensadores de la región. La obra codificadora de Andrés Bello en Chile fue apreciada y hasta copiada por los legisladores liberales colombianos. Florentino González tradujo el Gobierno representativo de Mill, que publicó en Valparaíso en 1865. Las conquistas de la estabilidad chilena estuvieron en la mente del liberal colombiano Rafael Núñez, cuando criticaba “los ensayos de libertad sin orden hechos en la generalidad de Hispanoamérica”. La comparación chileno-colombiana tendría que extenderse a otras fronteras del continente. En cualquier caso, una exploración más profunda en los términos propuestos podría servir además para revisar las nociones liberales que pudieron haber favorecido, u obstruido, la construcción de un orden liberal duradero en la región.
Conclusión: en búsqueda del liberalismo
Al celebrase el primer centenario de la independencia en Hispanoamérica, el horizonte liberal en la región estaba muy lejos de ofrecer una perspectiva uniforme. No había sido un siglo de vanas experiencias. En uno u otro país se entrelazaban historias de promesas, conquistas y frustraciones, hasta ignorar las conquistas y vaciar las promesas de contenido sustantivo. Al acercarse ahora el bicentenario es oportuno repasar la historia de las ideas liberales que acompañaron al proceso de consolidación de los nuevos estados nacionales tras la independencia.
Quisimos en este ensayo resaltar tan solo algunos aspectos del recorrido liberal decimonónico destacados por la historiografía revisionista. Su naturaleza “derivada” exige mayores esfuerzos para entender no sólo las distintas influencias en juego sino más aún sus ajustes “auténticos”, en las respectivas realidades nacionales. Un ejercicio como el propuesto sugiere tomarse las ideas en serio, así como su impacto en los diseños institucionales. No hubo “modelo liberal” simple ni mucho menos de aplicación homogénea en el continente. Esto, sin embargo, no es excusa para minimizar, e incluso dejar de lado una rica tradición intelectual que no por ignorada es menos importante para la historia del pensamiento político occidental. El liberalismo latinoamericano dejó rastros y legados, aportes institucionales y consecuencias culturales. Habría que desentrañar más sus diversos componentes para apreciar mejor las diferentes trayectorias intelectuales y políticas en Hispanoamérica, las razones de sus frecuentes naufragios y las fuerzas de sus sobrevivencias.
Iván Jaksic y Eduardo Posada Carbó