Cuando murió Carlos III el 14 de diciembre de 1788, con los deberes cumplidos en el cielo y en la tierra, la sensación universal osciló entre el gran alivio y la pérdida irreparable. Las monarquías enemigas de España y sus Indias, con los británicos que esperaban la revancha en primer lugar, tras su estruendosa derrota en la guerra de emancipación de Estados Unidos, presintieron que el según ellos agresivo reformismo español podía llegar a su fin. La Real Armada, cuya eficaz labor hacía posible gobernar y defender un imperio atlántico, contaba en aquel preciso momento con un poder formidable: 292 navíos de guerra -78 de línea, 60 fragatas y el resto de menor porte- servidos por 65.000 hombres de maestranza, marinería y tropa. En franco contraste, la sensación de duelo que acompañó las exequias del Tercer Carlos en América y España se explica tanto por la orfandad resultante del paso al otro mundo de un rey padre, imagen celosamente cultivada por la propaganda monárquica de aquella centuria, como por la existencia de un sentimiento de final de época.
Que esa emoción respondía a planteamientos racionales se hace evidente si observamos la situación de la monarquía española tan sólo diez años después. En 1798 se hallaba gobernada por el primer generalísimo español, el favorito Manuel Godoy, impulsor del nefasto “despotismo ministerial”. Éste expresó una fórmula que confirió a Carlos IV su propio personal político al precio del relevamiento de quienes habían servido a su padre y la extensión del favoritismo y la corrupción. También sustituyó la saludable meritocracia de los reinados anteriores por la influencia cortesana. Fumar con Godoy en sus salones privados, según dejaron escrito destacados aristócratas cubanos como el conde de Mopox, se convirtió en la antesala imprescindible de un buen negocio, la concesión de un estanco o privilegio. No es de extrañar que justo entonces un capitán peninsular destinado en Veracruz, Juan José de Escalona, enviara al rey una carta que contenía una apocalíptica premonición: “Sepa su majestad que es en estas ciudades y reinos de Indias donde se juega el destino de las Españas. Defendido su comercio, la paz de sus moradores y el honor de la monarquía, habrá de encontrase la felicidad en una población que no desea sino ser leales. De lo contrario, se resquebrajarán sus lealtades y buscarán en otros las seguridades y libertades que se les negaron. Se alzarán ciudades contra ciudades y ante el clamor universal una lengua de fuego barrerá las Américas”.
El juicio anticipado del capitán Escalona sobre lo que podía ocurrir si no se protegían el comercio, la paz y el honor de los habitantes de la América española se basaba en su experiencia, pero respondía tanto a cierta mentalidad social, la de los peninsulares o gachupines, como a razones de coyuntura. Se había declarado una nueva guerra con Gran Bretaña y en lo que quedaba del antes próspero Santo Domingo francés se libraba un conflicto genocida entre blancos, negros y mulatos. El gobierno de Godoy, que carecía de preparación y una visión estratégica en las relaciones internacionales, había entregado a los franceses en 1795 precisamente la parte española de Santo Domingo y haría lo mismo con Luisiana en 1800 para apaciguar a la insaciable bestia napoleónica. En 1797 se perdió la isla de Trinidad a manos británicas y un ataque a Puerto Rico fracasó por la decidida actitud del brigadier Castro y la fidelidad de los isleños, organizados en milicias. La derrota de la escuadra combinada hispano-francesa en Trafalgar en 1805, seguida de inmediato por sendos intentos de invasión británicos en Venezuela y el Río de la Plata, mostró hasta qué punto los habitantes de la América española estaban condenados a defenderse sin la ayuda de la metrópoli, lo que tampoco resultaba una novedad absoluta en las Indias. Al fin, la explicación de las catástrofes ocurridas hasta 1808 que dio Godoy en sus famosas “Memorias” (1836-1839), que giraron sobre la inevitabilidad de lo ocurrido y la consabida perfidia de Napoleón, no sólo reflejan el criterio de quine fue juez y parte, sino que constituyen una interesada teleología. Lo cierto es que bajo su gobierno la monarquía española abandonó la gran política americana del reinado anterior y se insertó en una red de alianzas que precipitaron su desmembración. Pero lo que ocurrió entre 1808 y 1825 no fue inevitable, ni la fragmentación la única salida posible del proceso revolucionario iniciado el 2 de mayo madrileño.
Sentidos de libertad
La historiografía reciente se ha esforzado por combatir las simplificaciones y ha buscado explicaciones más complejas y comparativas, inclusivas de lo político y cultural, el lenguaje, los gestos y hasta las emociones. De este modo, se ha podido vislumbrar que el godoyismo se limitó a contemplar la América española como un botín al servicio de manejos privados y como un anexo colonial al servicio de las alianzas europeas. Pero también que su visión si se quiere peninsularista de la monarquía corría en paralelo a un proceso de alteración en el mundo atlántico traído por la Revolución francesa, comenzada en 1789, con sus proyecciones haitianas. Ambas produjeron en la América española una mezcla de asombro y pavor, además de un interés extraordinario.
En el primer caso, una sociedad ultramarina colonial surgida en una frontera olvidada hasta al menos 1720, con fuertes tendencias comunitarias, providencialistas y de sectarismo religioso en su población, se había levantado contra su rey Jorge III a causa de unos cambios constitucionales no pactados ni aceptados, que el virginiano Jefferson consideró con toda propiedad “una imposición de soberanía”. En origen se trató de una tradicional manifestación antidespótica, como se puede deducir con facilidad de la lectura de la “Declaración de Independencia” de 1776. En el texto, una comunidad política regida por hacendados, plantadores y comerciantes asume su “derecho a la revolución” a causa de los abusos y violencias, que han devenido en franco despotismo: “La historia del presente monarca de Gran Bretaña es la historia de repetidas injurias y usurpaciones, todas dirigidas de manera directa al establecimiento de la tiranía absoluta sobre estos territorios”.
El resultado de su rebelión, tras la victoria en la guerra con la inestimable ayuda de las monarquías borbónicas francesa y española, fue la emancipación, sancionada por la Paz de París en 1783. Aquellos “republicanos unidos en trece provincias”, como los definió el mexicano José María de Lanz, constituyeron inicialmente una austera entidad federal, que mientras proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, mantenía como una de sus bases fundamentales la esclavitud. En el segundo caso, una sociedad estamental arquetípica del Antiguo régimen como la francesa se convirtió en meses en otra basada en el principio de igualdad de los ciudadanos (una parte de la población, no lo olvidemos) ante la ley al poco en monarquía constitucional, aunque la carga política y la intención liberadora del proceso revolucionario impusieron un régimen republicano que atravesó una fase de terror igualitario y condujo a la dictadura napoleónica.
Mientras la atmósfera de desorden y el caos social y étnico caracterizaron a la emergente República patricia norteamericana tan sólo en los años de la guerra de la independencia, desde 1787 se convirtió en un prodigio de estabilidad constitucional. Por el contrario, el desarrollo político francés y sobre todo sus efectos en Santo Domingo crearon una imagen negativa hasta de la misma idea de revolución. En el mundo hispánico, sólo algunos apasionados radicales como el médico mallorquín Juan Bautista Picornell, protagonista del intento republicano de San Blas de 1795 e impulsor del “partido de la libertad” en La Guaira y de la conspiración venezolana de Gual y España en 1797, mantuvieron su carácter beneficioso y su inevitabilidad histórica. Pero casi sin excepción, las élites criollas desdeñaban estas ideas. En especial las radicadas en el Caribe, pues a sus ojos la república francesa había producido con sus experimentos revolucionarios el conflicto que conduciría a la proclamación de Haití como la primera república negra del mundo en 1804.
Si nos situamos en el horizonte crítico de 1808, observamos que de alguna manera la imagen revolucionaria en el mundo atlántico se había invertido. Mientras un fidelista británico como Tucker pidió en 1775 que la separación de los rebeldes estadounidenses no fuera combatida sino favorecida, para evitar la extensión de la metrópoli de lo que llamó “la gangrena del republicanismo americano”, ahora los signos de la alteración de los tiempos se caracterizaron no como “revolución” sino como “regeneración”. Así quedó plasmado, por ejemplo, en la Gaceta de Caracas al menos hasta 1812. Como ha constatado la historiadora venezolana Graciela Soriano, los eventos relacionados con la Junta suprema, la Sociedad patriótica (promotora de la independencia) y los sucesos políticos en general giraban alrededor de la necesidad de una “regeneración”, entendida al menos en parte como un retorno al orden español anterior a la invasión francesa de la metrópoli en 1808.
Pero el debate es complicado. En esa coyuntura los españoles europeos en armas contra el invasor francés y los españoles americanos, desconcertados y preocupados, poseían una cultura política común, que cambiaba a velocidad de vértigo. Ante ellos existían al menos tres sentidos distintos de libertad –el propio término “liberal” estaba a punto de ser inventado en los debates de la constitución de Cádiz- “para expresar todo lo que por su espíritu y tendencia conspiraba al establecimiento y consolidación de la libertad”. Para ellos existía en primer lugar la propia de los antiguos, que se definía como el derecho a elegir gobernantes y magistrados propios. En segundo término había una libertad estamental, vinculada a un fuero propio de corporaciones reconocidas –las gremiales o consulares en esta etapa fueron muy importantes, pues desde 1793 a 1795 se abrieron consulados de comerciantes en Caracas, Guatemala, Buenos Aires, La Habana, Cartagena, Veracruz, Guadalajara y Santiago de Chile. Finalmente acababan de configurarse las libertades “modernas”, asociadas a nuevos entes de soberanía, el gobierno representativo, la separación de poderes, la división entre lo público y lo privado, las elecciones, las constituciones, el ciudadano, el estado de derecho y la igualdad ante la ley. Quienes desde 1808 en España y 1810 en América, con frecuencia en ambas, operaron como agentes políticos, no sólo conocieron y ejercieron estas tres acepciones de libertad, antigua, estamental y moderna, sino que para ser entendidos debieron interrelacionarlas y emplearlas de acuerdo con un segmento de oportunidad, o por mejor decirlo, para transformar una realidad barroca que exigía su aplicación en función de circunstancias e individualidades concretas.
Lealtad
El día de Navidad de 1808 se representó en el Teatro Público de Caracas, conocido también como “Coliseo”, el drama patriótico La España restaurada. La reseña aparecida cinco días después en la “Gaceta” no ahorró detalles sobre lo acontecido. Una serie de personajes –España, Castellano, Andaluz, Australiano, Gallego, Catalán y Aragonés- imploraban, bajo el retrato de Fernando VII que presidía el escenario, las bendiciones de la divina providencia, “vengadora de los derechos de los reyes”. Tres semanas después se reponía esta obra acompañada de otras dos, Batalla de Bailén e Impersonal de Murat, a fin de reforzar la atmósfera de entusiasmo y apoyo a la sublevación peninsular contra la invasión francesa. Andrés Bello, un joven escritor caraqueño que trabajaba como oficial mayor en la capitanía general, fue el autor del exitoso libreto, así como del memorable soneto “A la victoria de Bailén”. Pocos meses después el catalán Antonio de Capmany publicó su célebre Centinela contra franceses, un escrito que sirvió a la urgente necesidad de poner en marcha la propaganda de guerra, pero también una proclamación histórica de la nación española y una crítica feroz del mal gobierno como causante del desastre: “Volveremos a ser españoles rancios a pesar de la insensata currutaquería, volveremos a ser valientes, formales y graves. Reconquistaremos nuestro nombre”.
Esta reconquista del nombre no representa más que el deseo de conquistar el lenguaje y de gobernar la realidad, en vez de ser gobernado por ella. Pero la propuesta de Campmany adquiere un interés especial en la medida en que permite proponer una nueva cronología de la independencia de la América española en función de las palabras y emociones políticas dominantes, desde el Dos de mayo madrileño que se extiende bajo el grito “Se nos llevan al infante”, hasta la derrota del ejército realista del Perú (9.310 soldados, sólo 500 peninsulares) en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. Todo ello “después que el ejército español, llenando en todos los sentidos cuanto ha exigido la reputación de sus armas en la sangrienta jornada, ha tenido que ceder el campo de las tropas independientes”, según señaló el derrotado brigadier Canterac.
El estudio de los lenguajes políticos y las emociones permite explicar uno de los enigmas del período, el desfase entre el comienzo de la guerra de independencia peninsular y del proceso de emancipación americano en Caracas el 19 de abril de 1810. Éste marcó el comienzo de un proceso de no retorno que culminó en la fundación de las nuevas patrias. Durante aquellos dos años los leales americanos colaboraron con hombres, dinero y frutos diversos como cacao, café y cueros, a la resistencia peninsular. Por supuesto este capítulo de la lealtad americana apenas ha sido investigado. A quienes edificaron en el siglo XIX una mitología republicana con elementos criollistas que todo lo explicaba sobre la base del agravio peninsular, no les convenía recordar, por ejemplo, que el libertador de Argentina José de San Martín había sido un destacado oficial del ejército español en Bailén. O que el prócer chileno José Miguel Carrera empezó su carrera militar luchando contra Napoleón en la península y logró el grado de capitán. O que el admirable mulato José Prudencio Padilla, fusilado además en pleno gobierno de Bolívar (1828) por supuesto conspirador, había peleado en Trafalgar con la Real Armada y pasado luego tres años prisionero de los británicos.
En otro orden de cosas, la reconstrucción de los eventos muestra que en aquel bienio comenzado en 1808 lo que operó en la monarquía española fue la constitución antigua, base de una lealtad entendida a la manera barroca, esto es, como exposición de una actitud que esperaba a cambio de fidelidad y servicio justa recompensa y merced (libertad de comercio, para ser precisos). Por eso hubo planteamientos autonomistas y junteros, pero nunca francamente independentistas. Si este primer tiempo de la lealtad duró hasta abril de 1810, el segundo transcurrió hasta 1815. La explicación parece clara. Las revoluciones se ponen en marcha cuando el orden social está en verdadero peligro, ante autoridades sospechosas de afrancesamiento o las designadas por José I Bonaparte. La América española no formaría nunca parte del imperio napoleónico. A lo largo de 1810 diferentes revoluciones en Venezuela, Río de la Plata, Nueva Granada, Nueva España, Chile y Quito abrieron una etapa que supuso una escalada en el intento de recomposición constitucional atlántica de la monarquía española.
Constituye un lugar común en la historiografía señalar que las juntas establecidas en su transcurso invocaron el nombre de Fernando VII y actuaron en su nombre, bajo su “máscara”, para esconder su fin último, la independencia de España. Ciertamente, en su proceso fundacional los criollos calcaron los intentos de años anteriores, “imitaron la conducta de España”, carente de un gobierno en la medida en que la disolución de la Junta Central y el establecimiento de la Regencia no tenían por qué generar un automático reconocimiento americano. Aquello afectaba, según algunos españoles americanos, tan solo a los peninsulares. El 11 de mayo la recién establecida Junta de Caracas informó con toda claridad: “La nación española después de dos años de una guerra sangrienta y arrebatada para defender su libertad e independencia está próxima a caer bajo el yugo tiránico de sus conquistadores franceses. Venezuela se ha declarado independiente no de la madre patria, no del soberano, sino de la Regencia, cuya legitimidad está en cuestión”. Nada menos que Jovellanos, radicado en la isla de León, junto a Cádiz, huyendo de la avalancha napoleónica, había escrito poco antes, el 3 de febrero de 1810, una angustiada carta a su amigo Francisco de Saavedra, antiguo intendente de Venezuela y ministro, para darle instrucciones sobre cómo proceder ante la previsible e inmediata caída de la ciudad en manos francesas: “Las Américas serán el primer cuidado de la Regencia. Ésta debe hacer, si puede, respetable en América su nombre y asegurarse por medio de jefes de su confianza un lugar de recibo para el caso de migrar a aquel continente. Si lo hiciere, debe llevar consigo un resto escogido del ejército; todos los buques de la Armada que pueda salvar; todas las personas, los efectos, las armas y los útiles relativos a esos objetos; todos los sabios que pueda reunir en ciencias útiles; muchas imprentas, buenos escritores, con numerosa y escogida biblioteca. Si la patria perece, usted no puede ni debe permanecer en España. Sea usted con sus dignos compañeros el salvador de la patria; sean si no los salvadores de América”.
Que un admirable español como Jovellanos propusiera a un amigo íntimo y experimentado administrador colonial como Saavedra una solución “a la portuguesa”, pero sin traslado de la familia real a América, muestra con claridad que quienes se levantaron en Caracas en la mañana de aquel 19 de abril de 1810, Jueves Santo, contra el capitán general y sospechoso de afrancesamiento Vicente de Emparan, para pedir cabildo abierto y organizar una junta en una pérdida total de la España peninsular que no era en absoluto un imposible. Caracas era la hija del cacao, un fruto que necesitaba ser puesto en el mercado con prontitud para no arruinarse, y carecía de minas. No tenía oro ni plata, ni dinero en metálico si no había intercambio comercial. Tampoco manufacturas, pues no existía industria obrajera y el trigo se importaba a cambio de cacao, añil, algodón, café y cueros. La provincia no podía depender de la Francia napoleónica ni enfrentarse a Gran Bretaña sin ir a la bancarrota. De ahí que los mercaderes y aristócratas mantuanos que controlaban el cabildo dieran aquel golpe de estado al capitán Emparan para proclamar cuanto antes una verdadera libertad de comercio, abrir los puertos e impedir el riesgo de un deterioro social por la crisis. ¿Qué hicieron en sus primeros días de gobierno los miembros de la Junta caraqueña? Abolieron las alcabalas que grababan los alimentos básicos (trigo, caraotas o maíz); rebajaron los aranceles aduaneros; fijaron los precios de los frutos para la exportación y concedieron una rebaja de derechos a los artículos de procedencia británica. Además suprimieron el tributo de los indios (allí casi no existían) y la trata negrera. Esta medida les atrajo la estima de los británicos e impediría que aumentara la temida población de color.
La posterior llegada del revolucionario profesional Francisco de Miranda desde Londres a fines de 1810 actuó como un catalizador, mientras se abría paso el espectáculo de la política moderna y la imitación de otras revoluciones, como la francesa y la estadounidense. Al celebrarse el aniversario del 19 de abril, Antonio Muñoz Tébar proclamó: “Hoy es el natalicio de la revolución. Termina un año perdido de sueños de amor por el esclavo Bonaparte. ¡Que principie ya el año primero de la independencia y la libertad!” Cuando se señaló la forma federalista como promotora de anarquía, el tribuno Coto Paúl replicó: “¡La anarquía! ¡Ésa es la libertad cuando para huir de la tiranía desata el cinto y desanuda la cabellera ondosa! ¡La anarquía! Cuando los dioses de los débiles –la desconfianza y el pavor- la maldicen, yo caigo de rodillas a su presencia. ¡Señores! ¡Que la anarquía, con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe!
Bajo la presión de esta atmósfera radical el 2 de marzo de 1811 el congreso sesionó por primera vez y el 5 de junio siguiente declaró la independencia de Venezuela. En realidad, de una parte de ella y de manera literal “de la corona de España, o de los que se dicen o dijeren sus abogados o representantes”. Fue el primer caso en la América española y es interesante que el énfasis en la ruptura de los antiguos pactos constitucionales actuó como justificación suprema. Ya no habría “máscaras de Fernando VII” que valieran. Aquélla era una República independiente pero leal, que se había visto obligada a actuar contra el despotismo. Es el mismo esquema de defensa de las libertades antiguas utilizado por los patriotas estadounidenses en 1776. Duró sólo un año, desde julio de 1811 al mismo mes de 1812. Aun cuando Miranda y Bolívar sufrieron muchas críticas y no estuvieron de acuerdo, fueron las figuras más importantes de un régimen que nació avalado por los buenos deseos y la proclamación de abstractos principios ilustrados, de imposible cumplimiento en un contexto marcado por el colapso económico que siguió al bloqueo naval y la hostilidad o la indiferencia de otras gobernaciones de la antigua capitanía.
La crisis de la Primera República venezolana se precipitó por una suma de elementos. Mientras los indios de las misiones, llaneros y milicianos pardos, fueron organizados para oponerse a ella, un terremoto ocurrido el Miércoles Santo de 1812 ocasionó la muerte en Caracas de millares de personas y una gran destrucción. Aunque Bolívar desafió en un famoso discurso a la providencia y a la naturaleza y proclamó su voluntad reconstructora, el hecho de que el territorio realista no fuera afectado fue hábilmente utilizado por la propaganda enemiga desde púlpitos y periódicos. La emisión de papel moneda sin respaldo desencadenó un grave proceso de inflación. Ésta empobreció a vastos sectores de la población, que dejaron de apoyarla.
Resentimiento
Mientras las juntas americanas que expresaban la existencia de repúblicas se enfrentaban entre sí, ya que unas ciudades se proclamaron fidelistas y otras autonomistas, quienes en verdad impulsaban la independencia “absoluta” (ése fue el término utilizado) se dieron cuenta de que era necesario multiplicar la movilización política. La lealtad entendida como sentimiento barroco y negociable debía ser sustituida por una emoción radical e ilustrada que convirtiera la guerra cívica de ciudades en guerra civil y luego en guerra nacional y patriótica. Aunque los antecedentes de esta actitud se hicieron visibles en el alevoso fusilamiento –calificado como jacobino- del antiguo virrey Liniers en el Río de la Plata en agosto de 1810, primer hecho de sangre de la revolución, el uso político del resentimiento se canalizó mediante la proclamación por Simón Bolívar el 15 de junio de 1813 en Trujillo del decreto de “Guerra a muerte”. Éste implicó la extensión del conflicto étnico e identitario como arma de movilización política. Su fundamento fue la producción artificial de una violenta separación entre americanos y peninsulares (que hasta entonces se habían suscrito a ambos bandos) y el final de la posibilidad de permanecer al margen de lo que ocurría. Bolívar marcó una línea según la cual los españoles americanos debían ser patriotas y los peninsulares, realistas: “Todo español que no conspire contra la tiranía a favor de la justa causa, por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo e irremisiblemente pasado por las armas. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables”.
La puesta en marcha de la guerra a muerte actuó como un catalizador de la resistencia realista que se había puesto en marcho bajo la bandera de la lucha social de blancos de orilla, mulatos y negros libres contra los mantuanos caraqueños y los poderosos blancos. El asturiano de origen José Tomás Boves, figura carismática y anticristo de la mitología nacional venezolana, fue un caudillo llanero que llegó a tener bajo su mando 20.000 hombres en el Ejército Realista de Barlovento. Su indisciplina se manifestó en la aplicación de una violencia selectiva, pues en nombre del rey atacó en especial a blancos, ricos y ciudades y se cebó en las mujeres e hijas del enemigo. Hasta su muerte de un lanzazo en 1814 fue el mayor temor de los patriotas.
Pero el resentimiento no sólo operó como emoción movilizadora que pretendía conformar comunidades políticas propias tras la triple implosión de la España atlántica, de la metrópoli y del poder monárquico. También operaba dentro de cada bando y con frecuencia escondió motivaciones de carácter étnico. Los militares irregulares de origen pardo o mulato señalaron que a la hora de las recompensas se les postergaba a favor de blancos. Si el fusilamiento por orden de Bolívar del general mulato Piar en 1817 sin duda se vinculó a que éste le había amenazado con el espectro de la guerra social y discutió su liderazgo, en el lado realista el desconocimiento de las recompensas y pensiones recibidas por mestizos y mulatos que habían defendido las armas reales en Venezuela causaría su deserción en masa y su paso al bando patriota. Por otra parte, las masas indígenas que levantó en 1810 en México el cura Hidalgo al grito inicial de “¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Abajo el mal gobierno!, ¡Viva Fernando VII!”, no distinguieron entre criollos y peninsulares cuando quemaban las casas de las plantaciones, destruían las cosechas y destrozaban las herramientas. Aquélla era una “guerra santa”. Los eclesiásticos realistas y quienes excomulgaron a Hidalgo le acusaron de “nuevo anticristo, pequeño Mahoma, impío, ateo, hereje, apóstata, cismático, perjuro, sedicioso y opositor de Dios”. Los insurgentes les gritaron “perros gachupines, herejes”. Y sin duda los esclavos, llamados desde los dos bandos realista y patriota a unirse a la guerra a cambio de la libertad tomaron sus decisiones a partir de circunstancias particulares en las cuales el resentimiento tuvo que ver. De ahí que hubiera libres y realistas y también libres y patriotas, en estricta repetición de lo ocurrido en la América continental británica cuarenta años antes.
Terror
En el curso de 1815 se hizo evidente que los movimientos revolucionarios comenzados en América cinco años antes habían fracasado, excepto en Buenos Aires y en el asilado Paraguay. El general San Martín permanecía emboscado en el interior continental a salvo de amigos y enemigos políticos. El precursor Miranda, como el mexicano Morelos, se acercaba al final de sus días –el primero en una cárcel gaditana y el segundo ante un paredón-. Bolívar era un prócer fracasado y errante por el Caribe. La causa de la emancipación estaba desacreditada, derrotada más por atrincherados realistas o elementos leales americanos que por las intervenciones de la Regencia, que había gobernado en la península desde 1810 a 1814. Sin embargo, un gran cambio se había puesto en marcha. El proceso de reequilibrio imperial tan penosamente desarrollado aquellos años era sólo un vencedor temporal de la partida. Fernando VII había vuelto a su trono para restaurar el sistema absolutista. Los realistas cobraron aliento, los republicanos estuvieron más que nunca a la defensiva y los moderados sacaron ánimos de las intimidaciones del monarca para defender las reformas efectuadas.
Pero en el triunfo del absolutismo se encontraba la verdadera semilla de la independencia. A mediados de febrero de 1815 partió de Cádiz una poderosa escuadra formada por la nave capitana “San Pedro de Alcántara”, tres fragatas, treinta navíos dotados de cañones y sesenta de transporte. En ella iban 12.254 soldados de infantería, caballería y artillería y 1.547 oficiales y marinos de guerra, al mando del veterano Pablo Morillo. Es fundamental hacer notar que éste no sólo aplicó tácticas experimentadas en la guerra peninsular, como el sitio y la guerrilla, sino que utilizó un sistema de proclamas y manifiestos para gestionar una novedosa política del miedo. Si su falta de sensibilidad hacia la necesidad de premiar a los leales alienó muchos elementos americanos del “pueblo realista”, el uso del terror colaboró en la producción de la deseada guerra “nacional”, que sus enemigos consideraban con buenas razones un estadio intermedio necesario para ganar la emancipación, una bíblica fase de depuración que “el pueblo patriota” debía cruzar como los israelitas el desierto para ganar la libertad.
Por otra parte, desde 1815 sólo quedaron en pie los ejércitos. Las antiguas administraciones civiles de virreinatos y capitanías fueron desmanteladas o puestas al servicio de las incautaciones y secuestros que demandaba la guerra total. El estado se encontraba reducido a un entorno campamental y la ciudadanía se hizo equivaler con la milicia. El terror se expresaría en las matanzas y fusilamientos masivos en ambos bandos, pero perduraría en especial en la memoria republicana. En el caso de Cartagena de Indias, por ejemplo, la antigua “llave de las Indias” sufrió un sitio de 106 días en el que murió un tercio de la población. La represión incluyó acciones punitivas como la del general Morales, que pasó a cuchillo a la guarnición patriota de Bocachica tras prometerle perdón, así como el Consejo de Guerra y fusilamiento de los jefes insurrectos, casi todos hacendados, abogados y comerciantes. Era un tipo de guerra casi desconocido, que había dejado de lado los procedimientos civiles en beneficio de las jurisdicciones militares y de excepción.
Agotamiento y recomposición
El 10 de marzo de 1820 el monarca de España y sus Indias Fernando VII, obligado por el levantamiento liberal de Riego y su ejército, destinado a la reconquista del Río de la Plata, proclamó en un “Manifiesto” el restablecimiento de la Constitución de Cádiz: “Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional”. Ante aquel acontecimiento los realistas mas convencidos, peninsulares y americanos, quedaron de repente en una “tierra de nadie” política, puesto que las autoridades de la metrópoli y sus enemigos en el campo de batalla profesaban el mismo credo político liberal. Pero quienes gobernaban ahora, felices de haber acabado con el absolutismo fernandino, se enfrentaban, como les había ocurrido ocho años atrás a los constituyentes de Cádiz, a una compleja “cuestión americana”. ¿Qué podían hacer? ¿Pretender sin más un retorno feliz a 1814 y buscar un entendimiento con los patriotas? ¿Confirmar la guerra? Si este último era el caso, ¿Qué tipo de guerra podía acontecer y bajo qué reglas? ¿Era posible, como señaló el abate de Pradt en su influyente libro “De las colonias y de la revolución actual de la América” (1817), el reconducir aquel sistema de la barbarie para “organizar el desorden” y evitar que “elementos muy heterogéneos, negros, mulatos, indígenas, criollos”, estuvieran “necesariamente en choque”? ¿Se podía transformar una “separación no preparada” y de “desastrosos efectos” para todos en otra virtuosa y civil? En un horizonte menos inmediato, ¿estaba América perdida para España, como conjeturaban muchos a pesar de la existencia de reductos realistas tan importantes como México y Perú, o podía retornar mediante políticas “de dulzura” al seno de una monarquía más o menos compuesta a la antigua, o federativa a la moderna?
Todas estas cuestiones y muchas otras se irán respondiendo a ambas orillas del Atlántico por la vía de los hechos consumados, porque la fortuna adversa o favorable en los campos de batalla será determinante. Lo cierto es que los años no habían transcurrido en balde y la implantación del absolutismo fernandino había exacerbado los conflictos. Los más acérrimos realistas habían combatido y lo seguían haciendo por el rey y la religión, mas no por constituciones y gobiernos sacrílegos como los que ahora les tocaba defender. La disociación entre aquellos que mantuvieron hasta el final una conducta absolutista más o menos irreductible y los moderados o francamente liberales no se resolvió antes de 1825, cuando la batalla de Ayacucho representó el final, excepto en algunos reductos aislados, de las guerras de emancipación en la América española. Ciertamente, en aquellas casi dos décadas que descompusieron un imperio de tres siglos y dieron origen a una decena de naciones libres, razón y sentimiento habían conformado un horizonte de posibilidades insospechadas, que el devenir del siglo XIX llevaría, con todas sus dificultades, hacia una utópica culminación.
Manuel Lucena Giraldo