Heraclio Bonilla.Universidad Nacional de Colombia. El ingreso de las tropas de Murat a Madrid el 23 de marzo de 1808 constituye el inicio del descalabro de la monarquía española cuya expresión más visible fue la abdicación de Fernando VII al trono y su apresamiento en Bayona por Bonaparte. Este fue un acontecimiento de profundas repercusiones tanto en la metrópoli como en sus colonias americanas, porque el sistema político quedaba privado del centro a a la vez articulaba el sistema político y encarnaba la soberanía y la autoridad, en consonancia con los principio neo-tomistas. La cuestión inmediata de qué hacer en esta coyuntura fue resuelta rápidamente en la península haciendo uso de las mismas premisas, es decir que ante la vacancia del poder la soberanía revertía al pueblo. La traducción de estos principios fueron el auge y la caída sucesivas de la Junta de Sevilla, la Junta Central, la Regencia, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 11812, la restauración de 1814, el pronunciamiento de Riego y las restauración de 1820, el trienio liberal, y el nuevo retorno al absolutismo en 1824. Estos episodios fueron una y otra vez contados, y forman parte de la memoria de toda persona medianamente educada.
Si la historia fuera solamente registro, evocar de nuevo estos acontecimientos, no tendría mayor sentido, salvo tal vez el conmemorar efemérides significativas, sobre todo de parte de aquellos grupos que buscan consuelo en el pasado frente a las incertidumbres y la impotencia del presente. Pero ocurre que la historia es también y, sobre todo, representación, y es aquí donde empiezan las dificultades. En efecto, de un tiempo a esta parte, una historiografía de profunda raíz eurocéntrica, o mejor españocéntrica, propone la tesis de que los acontecimientos que abre 1808 constituyen un punto de inflexión en la cultura y en la participación política de los colonos/vasallos americanos, el inicio de una nueva socialización y práctica política conducente a la ciudadanía, y el comienzo de un proceso irreversible de ruptura con la metrópoli española. Estos argumentos cierran un círculo completo: España no sólo instaló el orden colonial sino que fue también detonante de su estallido. Nadie sensatamente puede ignorar la transcendencia de los acontecimiento que se sucedieron en esta agitada coyuntura política, con excepción tal vez de la vieja historiografía patriótica que limitó su relato a lo ocurrido dentro de fronteras pequeñas, con absoluta prescindencia de todo el resto. Pero lo que ahora se constata es su exacto reverso ideológico: el énfasis en los factores externos con entera omisión de las tensiones de la sociedad colonial.
El análisis de la naturaleza y las proyecciones de las Juntas de Gobierno, en este contexto, ha sido igualmente planteada en torno a una curiosa dicotomía: quisieron o no quisieron la independencia. La literatura dominante a este respecto sostiene que no buscaron la independencia, y que en el mejor de los casos las aspiraciones de las Juntas se limitaron al reclamo de su autonomía dentro de un sistema imperial irrecusable, una suerte de commonwealth hispano parlante. Más aún, se postula que las Indias fueron reinos y no colonias, confundiendo la retórica con la realidad e ignorando el significado concreto del orden colonial.
Esta comunicación es una contribución al análisis de las Juntas de gobierno que emergieron en América como consecuencia del colapso de la monarquía española y su coordenada de referencia es la experiencia del Perú, donde precisamente las Juntas no se instalaron. Por cierto no fue el único lugar en el que las Junta no aparecieron, porque tampoco lo hicieron en Buenos Aires y en México, pero sí es el más significativo porque fue además desde Lima que se enviaron las expediciones militares para combatir las Juntas del entorno. El ejercicio no traduce necesariamente la afición del autor por la paradoja, sino que es más bien una práctica heurística que encuentra en la excepción la clave de lo ordinario. Pero antes, algunas precisiones de rigor.
Se mencionó que en México no se estableció una Junta porque los intentos fueron ahogados por el golpe de estado del 15 de septiembre de 1808, que destituyó al virrey y otros autonomistas, no sin antes afirmar los fiscales de la audiencia que argumentan que, por las circunstancias de la península, el ejercicio de la soberanía había recaído en los pueblos de América era “una opinión sediciosa y un crimen de verdadera traición y lesa majestad” ( Guedea 2007:93). En el otro extremo del Continente , Buenos Aires, la primea Junta Gubernativa del Río de la Plata desconoció al Consejo de Regencia y se negó a enviar diputados a las Cortes de Cádiz, mientras que algunos de los líderes del gobierno surgido el 25 de mayo prefirieron el concepto de soberanía popular al de pacto de sujeción por considerar que el lazo colonial derivaba de una conquista (Goldman, 2007:234). En uno como en otro caso, el contexto local, es decir la tormenta revolucionaria en el caso de México y la militarización porteña, son los factores que también deben ser tenidos en cuenta para explicar el desenlace distinto que tuvieron las Juntas en esos espacios. Como debe igualmente recordarse que si los americanos fueron llamados a integrarse en las Cortes fue porque una iniciativa similar fue tomada con anterioridad por Bonaparte, y que una parte de los preceptos de la Constitución de 1812 hicieron parte de la agenda de los reclamos criollos.
Aún más, no parece que sea un hecho que carezca de importancia la correlación inversa que existe ente el establecimiento de las Juntas y la centralidad de los espacios coloniales. Las Juntas, en efecto, se establecieron en la periferia del sistema colonial, del mismo modo, como lo señala Marchena (2003:109), que el fidelismo o la disidencia fue una función de la localización de los órganos de decisión política de la alta oficialidad militar de origen peninsular, y cuyo comportamiento, el de los militares a su vez se explica por la composición de las unidades militares y por las características económicas y sociales del entorno en el que estaban ubicados estos regimientos. Este peso de la dimensión local es tanto más relevante que ninguno de los órganos de gobierno, que se establecieron en la península en nombre del rey cautivo, contaron con la estabilidad y la coherencia necesarias como para garantizar su eficacia política. Deas (2007:189), recuerda a este respecto el registro de Timothy Anna que señala que entre marzo de 1808 y mayo de 1814 el Ministerio de Estado estuvo a cargo de trece individuos, el de Gracia y Justicia de nueve, el de Guerra de once, el de Marina de seis y el de Hacienda de quince. La competencia de los virreyes en las colonias tampoco estuvo a la altura de una coyuntura tan crítica. Según Mariano Torrente, el autor de una de las primeras historias de la revolución, “cuando llegaron a la capital de aquel virreinato (Bogotá) las noticias de las transacciones de Bayona y del cautiverio del Monarca español, se hallaba a su cabeza el sordo y demasiado candoroso general don Antonio Amat… Buen militar, amante de la subordinación, íntegro, bien intencionado, fiel a sus deberes, pero flojo, incauto y desprevenido en la administración, tardo en los consejos, y pesado en la ejecución: este era el carácter del virrey Amat; y con poca diferencia fue el mismo el de Itirrigarai en México; el de Sobremonte en Buenos Aires, e de Carrasco en Chile; el de Ruiz de Castilla en Quito, el de Emerán en Caracas, y otros varios” (citado por Deas: 2003:191). Es decir que el desempeño y el alcance de las Juntas también debe ser explicado por la solidez de las autoridades coloniales.
Más cerca de Lima, en el contexto de la región andina, dilemas similares tuvieron que confrontar las Juntas que se establecieron en 1809, con el añadido que estas Juntas se establecieron en aquellos lugares, Quito y Charcas, que no tuvieron representación ante la Junta Central ¿Se trató de una simple coartada para reclamar ese reconocimiento? En Quito, para empezar, el 10 de agosto de 1809 se estableció la primera Junta, de brevísima duración, lo que no impidió que la historiografía nacionalista calificara a la acción de los notables quiteños como la primera acción por la independencia de España. La suya, emprendida en nombre del “rey, la religión y la patria”, prescindió de la participación popular y tuvo la oposición de Guayaquil, Cuenca, Pasto y Popayán. Dos meses más tarde esta Junta fue disuelta por la acción de las tropas realistas enviadas desde Santafé y Lima. La represión contra los actores de la primera Junta permitió el establecimiento de una nueva, el 22 de septiembre de 1810, bajo la conducción del obispo José Cuero y Caicedo. Y si bien se mantuvo hasta 1812, fue igualmente derrotada. Hasta Pichincha, Quito será de nuevo un inexpugnable bastión realista (Bustos, 2007:4). Que hayan sido reprimidas militarmente en nombre del rey, pese a que paradójicamente insurgieron también en su nombre, más allá de la retórica, como reconoce Bustos (2008:3), subraya la condición colonial de esta parte de los reino de España.
El 16 de julio de 1809, un mes antes que Quito, se había establecido una Junta de gobierno en La Paz. Si bien tuvo igualmente una duración efímera, su composición fue distinta de la de Quito. En esta última, como escribe O’Phelan (1988:67), la participación de la nobleza fue dominante, mientras que ese no fue el caso en La Paz. No obstante, en uno como en otro caso, la prescindencia de la población nativa fue completa, pese a estar ubicadas ambas ciudades en el corazón de los Andes. La única diferencia fue que la Junta Tuitiva de la Paz decretó la supresión de los cacigazgos indígenas y su reemplazo por representantes por fuera de la nobleza tradicional, con lo cual se buscaba el descabezamiento de las jefaturas étnicas. Aún más, estas medidas fortalecían el Cabildo indígena cuyas autoridades, a diferencia de los caciques, estaban supeditados a las autoridades locales y dotados ´solo con una autoridad temporal ( O’Pheman, 1988:77)
La excepción: Lima
En contraste con los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva España, o de las capitánias generales como Quito, Venezuela y Chile, el Perú fue inmune a las turbulencias políticas de los inicios del siglo XIX. Esta excepcionalidad no tuvo que ver con el respaldo externo, sino que fue el resultado de dos fuerzas convergentes. La primera tiene que ver con la brutalidad y la eficacia de la represión de la rebelión de Tupac Amaru en 1780, y el temor que suscitó en la población criolla y peninsular la más mínima posibilidad de una movilización indígena independiente. La segunda fue el resultado de la política implementada por el virrey José Fernando de Abascal, quien gobernó el Perú entre julio de 1808 y el 7 de julio de 1816, los años mismos de las turbulencias, luego de haber servido en el ejército en Puerto Rico en 1767, en Montevideo en 1776, en Santo Domingo en 1781, como lugarteniente del gobernador de Cuba en 1797, y como presidente de la Audiencia de Guadalajara entre 1799 y 1804 (Hamnett, 2008:8) Había sido nombrado virrey del Río de la Plata, cargo que no llegó a ejercer porque en la travesía su barco fue capturado por los ingleses y Abascal conducido a Lisboa como prisionero. Su liberación coincidió con su nombramiento como virrey del Perú (Peralta, 2002:21).
Para implementar su política contó con la colaboración de americanos o de peninsulares con una larga residencia en America , como lo ejemplifica el caso de José Manuel de Goyeneche, comandante del ejército del Alto Perú, quien hacia parte de una red familiar que incluían un hermano como oidor del Cuzco y otro como obispo de Arequipa. Además, la creación del regimiento de tres batallones “Voluntarios Distinguidos de la Concordia Española del Perú” el 30 de mayo de 1811, para enfrentar la rebelión de buenos Aires, lo hizo con el propósito de unir los intereses del gobierno y los de la nobleza peruana, dando de esta manera satisfacción a la petición del Cabildo de contar con una milicia donde se ubicaran los notables (Peralta, 2002:115). No fue un constitucionalista convencido, aun más pensaba que la implementación de la Constitución de 1812, a la que calificaba como “parto de la intriga republicana”, era el inicio del desastre político de la Metrópoli, lo que no le impidió introducir el sistema representativo propuesto por las Cortes Extraordinarias de septiembre de 1810, llegando incluso a suprimir la Inquisicón en septiembre de 1813 (Peralta, 2002:64). Pero, por otra parte, hizo lo que pudo para contener las presiones a favor de las reformas. El decreto de las Cortes sobre la libertad de imprenta que llegó a Lima el 19 de abril de 1811 no fue difundida sino dos meses más tarde, de la misma manera que favoreció la elección de peninsulares ante las Cortes, a la vez que intervino directamente en los procesos electorales (Hamment, 2000:11).
Una estabilidad política conseguida por el consenso, por el apoyo económico de instituciones como el Consulado de Lima y por el incremento del ejército, que pasó de 1500 a 8000 soldados entre 1809 y 1813, además de 40 mil milicianos y de una fuerza naval respetable, le permitió no sólo derrotar a los insurgentes de Quito y de Charcas en memorables hechos de armas como Guaqui (20 de junio de 1811), Sipe Sipe (12 de agosto de 1811), Vilcapuquio (1 de octubre de 1813), Ayohuma (14 de noviembre de 1813), Humachiri (11 de marzo de 1815), Sipe Sipe (29 de noviembre de 1815), Rancagua (octubre de 1814), sino también expandir el espacio del virreinato con la anexión de Quito, Charchas y Chile (Hamnet, 2000:14).
Pese al control ejercido por Abascal el espacio peruano no fue totalmente inmune a los ecos de las disidencias del entorno, sobre todo de Buenos Aires, lo que no dejaron de producir manifestaciones de inconformidad, las que fueron rápidamente suprimidas, sin producir el establecimiento de Juntas de gobierno. En diciembre de 1810 un autor anónimo escribió un opúsculo titulado Reflexiones filantrópicas sobre el espíritu, nulidad y resultas de las Juntas de América, en el que afirma “Las juntas que reanimaron quasi milagrosamente a la España, aquí serán las precursoras de la desolación; y si allá fueron como un rayo de luz que brilló en la obscuridad de una noche tempestuosa, aquí serán como un funesto meteoro que asomando en lo claro del horizonte, es el anuncio de la tormenta. Allá una nación sepultada repentinamente en la orfandad por mano de la perfidia, necesitaba xefes para dirigir con acierto su encono y sus esfuerzos, entretanto que un opresor fraudulento le intimaba la esclavitud en sus mismos hogares; aquí están muy lejos los enemigos reyna el orden y la quietud, y las autoridades constituidas escudan la pública seguridad y las leyes… Mas ¿a quién representan sus vocales (de las Juntas americanas)? ¿es al pueblo o al soberano? Si gobiernan a nombre del Rey ¿adónde están los títulos que legitimando sus personas justifican el escandaloso atentado que atropella sin pudor las autoridades constituidas cuyos poderes emanados directamente del trono han sido respetables en todo tiempo y lo son aún más en el día de la calamidad de la patria? ¿Si representan al pueblo: quien le ha emancipado hasta ahora, y quien el ha resuelto de la solemnidad del juramento que le ligo al suspirado FERNANDO? Es solo una impostura la santidad de la religión que ha exigido la fe pública; o es una quimera el honor que se obligo a mantenerla…? (Colección Documental de la Independencia del Perú (Lima), tomo XXI, vol2,pp. 213-218).
Hicieron parte de estas turbulencia, por ejemplo, lo ocurrido en Arequipa en octubre de 1813 bajo la conducción de Manuel Ribero (CDIP , tomo XXI, vol. 1 304-309); el proceso a José Mateo Silva de septiembre de 1809, por pretender derrocar al gobierno; y al presbítero Juan Eduardo Anchoris del 17 de septiembre de 1810 por simpatizar con la Junta de Buenos Aires (Peralta 2007:148-160); y el proceso contra el Conde la Vega del Ren en octubre de 1814 por complicidad con la rebelión del Cuzco (CDIP , Ibid , pp 340-366). Con todo, el estallido y la supresión de las rebeliones de Huanuco y del Cuzco (Bonilla, 2007:75-116) en 1812 y en 1814, respectivamente representan el más claro impacto de la crisis y de la Constitución de 1812 al bridar a la elite criolla de estas regiones la posibilidad de entroncar sus agravios en el lenguaje de la crisis de la monarquía. Pero aquí debiera tenerse el cuidado suficiente en separar estas rebeliones del interior del Perú respecto a otras similares que tuvieron como escenario las ciudades capitales de Audiencias o de Capitanías, porque lo que fundamentalmente buscaron las primeras fue la cancelación de la subordinación impuesta po Lima. Además su fragilidad derivaba del hecho que la coalición de los rebeldes albergaba intereses contradictorios inconciliables con los solos preceptos de la Constitución de 1812. Y cuando ésta se revoca en 1814, a los rebeldes del Cuzo no les quedó otra alternativa que buscar la independencia y no la simple autonomía dentro del marco imperial.